Bolivia inicia un nuevo ciclo político, pero para las mujeres la urgencia sigue siendo la misma: vivir sin violencias. En este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los colectivos feministas del país recuerdan que esta lucha no es simbólica, sino una exigencia impostergable de justicia y garantía plena de derechos.
A doce años de la promulgación de la Ley 348, que promete una vida libre de violencia para las mujeres, la realidad revela una contradicción profunda: la violencia machista continúa siendo una de las más graves vulneraciones de derechos humanos y una deuda histórica que el Estado aún no ha saldado.
Los datos son contundentes. Más de un millón de denuncias registradas desde 2013 exponen la magnitud de una problemática estructural que atraviesa al país. Detrás de cada cifra hay una vida marcada por la violencia y, en demasiados casos, por la impunidad. Familias enteras quedan desprotegidas frente a un sistema que no garantiza justicia, mientras que la falta de voluntad política y la débil institucionalidad consolidan la impunidad como norma.
Este panorama se presenta en un contexto de cambios en el Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para las mujeres organizadas, este momento político exige decisiones firmes. “Nuestro derecho a vivir sin violencias no se negocia ni se posterga”, afirman desde el movimiento de mujeres.
Las organizaciones entre ellas la Coordinadora de la Mujer, el Observatorio de Género, la Comunidad de Derechos Humanos, la Alerta 348 y el Movimiento Juntas Hacemos Historia demandan al nuevo gobierno voluntad política real, institucionalidad sólida y presupuestos efectivos para prevenir, atender y sancionar la violencia.
Este boletín especial presenta un panorama actualizado del estado de la violencia contra las mujeres en Bolivia y reafirma el compromiso de las organizaciones: permanecer vigilantes, organizadas y firmes en la exigencia de justicia, reparación y transformación.
